Por Oscar Quezada. El Caribe.
El pasado miércoles, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín dijo en una actividad celebrada en el campamento Duarte, que “la realidad que vivimos hoy y que podemos demostrar con hechos, es que menos civiles son atacados por delincuentes para despojarlos de sus pertenencias, robarles sus carros o en sus viviendas”.
Líderes comunitarios como Margarita de la Cruz Pinales, del equipo de dirección del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), ubicada en el ensanche Espaillat, del Distrito Nacional, sostiene que “la situación de delincuencia se sigue dando en los barrios con el acompañamiento de las instancias que tienen que velar por la seguridad”. Sus críticas, aluden a las reiteradas denuncias de que los agentes policiales operan en contubernio con los delincuentes que deberían enfrentar.
De la Cruz Pinales asegura que los resultados difundidos por Guzmán Fermín están divorciados de lo que verdaderamente pasa en la mayoría de los barrios beneficiados con el programa preventivo “Barrio Seguro”, donde, dice, la delincuencia sigue a sus anchas.
Sostuvo que la magnitud de la inseguridad ciudadana que vive el país no es del todo conocida, porque el gobierno se ha encargado de conquistar dirigentes comunitarios que, eventualmente, podrían hacerle frente a distorsiones existentes en las políticas oficiales de combate al crimen organizado y delincuencia callejera.
Esta trabajadora social no está lejos de la verdad. Pues, para citar un caso entre miles, en menos de cuatro días, al chofer de este diario, Eduardo Reyes Sánchez, lo han atracado dos veces.
En la primera, le quitaron su motocicleta RX-115; en la segunda, le arrebataron su reloj y dinero en efectivo. Un amigo que lo acompañaba corrió la misma suerte.
Carlos Rodríguez, de la Red de Coordinación Urbana Popular, sostiene que la delincuencia está “a la orden del día”.
Revela que en Villa Francisca, donde vive, “la droga se vende más que el arroz”. Apunta: “Aquí lo que se necesita es una policía eficiente y responsable.
Que tenga valor para enfrentar a la delincuencia.
¿Cómo es posible que el jefe de la Policía esté hablando de reducción de delictos, en un país donde no se puede vivir y a las 8:00 de la noche la gente tiene que encerrarse?”, pregunta.
Las estadísticas del jefe de la Policía fueron además refutadas por el Colectivo de Organizaciones Populares, el Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta (Codecoc), el Consejo de Unidad Popular (Cup), el Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU) y la Unión Pro-Desarrollo de Brisas del Este (Uprobrisas).
Además, el Movimiento Popular Oscar Arnulfo Romero (Mopar), la Coordinadora Nacional de Consumidores Unidos (Conaconu), el Centro Padre Juan Montalvo y Ciudad Alternativa.
Cuatro opiniones autorizadas
De la Cruz PinalesCopadeba
“El que se va a trabajar a Barrio Seguro, ya no puede denunciar los problemas de la comunidad como demanda la ciudadanía.
Una vez actúas al lado del gobierno, estás con él. Barrio Seguro ha querido tomar el espacio de la Coordinadora”.
Santos MotaCodecoc
“Boca Chica es un caos. Tenemos cinco destacamentos, y no hacen nada. Lo que hacen es llenarse los bolsillos de cuartos, haciendo peajes.
Existe una mesa de seguridad ciudadana, que no se ha podido coordinar, porque a la Policía no le interesa”.
Carlos RodríguezRed Urbana Popular
“Aquí no parece que hay gobierno y menos que haya Policía. Esto no puede seguir así. Hay que asumir responsabilidades.
Es más, yo apoyo la idea de mandar el Ejército a las calles, porque la Policía no da pie con bola contra la delincuencia”.
Julián GuzmánColectivo Populares
“La delincuencia va en aumento, tanto la gubernamental como la común.
Esto se debe a que “Barrio Seguro” no ha cumplido su rol; porque ha sido politizado y su efectividad se ve sólo en los números oficiales, no en la realidad cotidiana”.
Percepciones encontradas
Mientras el jefe de la Policía Nacional promueve la reducción de la delincuencia, el secretario de Estado de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, su jefe inmediato, muestra estadísticas diferentes: la muerte por intercambio de disparos se ha incrementado en un 64.74%, entre enero y julio de este año.
Indicó que en el 2007, en ese intervalo de tiempo, murieron 156 personas; ahora ese lapso reportó 257 decesos.
Guzmán Fermín se apresuró y justificó estos números, aunque de forma comedida.
“Son acciones fortuitas de la Policía y están amparadas en el Código Penal, en el artículo 328 de legítima defensa”, dijo el jefe de la Policía Nacional.
El pasado miércoles, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín dijo en una actividad celebrada en el campamento Duarte, que “la realidad que vivimos hoy y que podemos demostrar con hechos, es que menos civiles son atacados por delincuentes para despojarlos de sus pertenencias, robarles sus carros o en sus viviendas”.
Líderes comunitarios como Margarita de la Cruz Pinales, del equipo de dirección del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), ubicada en el ensanche Espaillat, del Distrito Nacional, sostiene que “la situación de delincuencia se sigue dando en los barrios con el acompañamiento de las instancias que tienen que velar por la seguridad”. Sus críticas, aluden a las reiteradas denuncias de que los agentes policiales operan en contubernio con los delincuentes que deberían enfrentar.
De la Cruz Pinales asegura que los resultados difundidos por Guzmán Fermín están divorciados de lo que verdaderamente pasa en la mayoría de los barrios beneficiados con el programa preventivo “Barrio Seguro”, donde, dice, la delincuencia sigue a sus anchas.
Sostuvo que la magnitud de la inseguridad ciudadana que vive el país no es del todo conocida, porque el gobierno se ha encargado de conquistar dirigentes comunitarios que, eventualmente, podrían hacerle frente a distorsiones existentes en las políticas oficiales de combate al crimen organizado y delincuencia callejera.
Esta trabajadora social no está lejos de la verdad. Pues, para citar un caso entre miles, en menos de cuatro días, al chofer de este diario, Eduardo Reyes Sánchez, lo han atracado dos veces.
En la primera, le quitaron su motocicleta RX-115; en la segunda, le arrebataron su reloj y dinero en efectivo. Un amigo que lo acompañaba corrió la misma suerte.
Carlos Rodríguez, de la Red de Coordinación Urbana Popular, sostiene que la delincuencia está “a la orden del día”.
Revela que en Villa Francisca, donde vive, “la droga se vende más que el arroz”. Apunta: “Aquí lo que se necesita es una policía eficiente y responsable.
Que tenga valor para enfrentar a la delincuencia.
¿Cómo es posible que el jefe de la Policía esté hablando de reducción de delictos, en un país donde no se puede vivir y a las 8:00 de la noche la gente tiene que encerrarse?”, pregunta.
Las estadísticas del jefe de la Policía fueron además refutadas por el Colectivo de Organizaciones Populares, el Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta (Codecoc), el Consejo de Unidad Popular (Cup), el Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU) y la Unión Pro-Desarrollo de Brisas del Este (Uprobrisas).
Además, el Movimiento Popular Oscar Arnulfo Romero (Mopar), la Coordinadora Nacional de Consumidores Unidos (Conaconu), el Centro Padre Juan Montalvo y Ciudad Alternativa.
Cuatro opiniones autorizadas
De la Cruz PinalesCopadeba
“El que se va a trabajar a Barrio Seguro, ya no puede denunciar los problemas de la comunidad como demanda la ciudadanía.
Una vez actúas al lado del gobierno, estás con él. Barrio Seguro ha querido tomar el espacio de la Coordinadora”.
Santos MotaCodecoc
“Boca Chica es un caos. Tenemos cinco destacamentos, y no hacen nada. Lo que hacen es llenarse los bolsillos de cuartos, haciendo peajes.
Existe una mesa de seguridad ciudadana, que no se ha podido coordinar, porque a la Policía no le interesa”.
Carlos RodríguezRed Urbana Popular
“Aquí no parece que hay gobierno y menos que haya Policía. Esto no puede seguir así. Hay que asumir responsabilidades.
Es más, yo apoyo la idea de mandar el Ejército a las calles, porque la Policía no da pie con bola contra la delincuencia”.
Julián GuzmánColectivo Populares
“La delincuencia va en aumento, tanto la gubernamental como la común.
Esto se debe a que “Barrio Seguro” no ha cumplido su rol; porque ha sido politizado y su efectividad se ve sólo en los números oficiales, no en la realidad cotidiana”.
Percepciones encontradas
Mientras el jefe de la Policía Nacional promueve la reducción de la delincuencia, el secretario de Estado de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, su jefe inmediato, muestra estadísticas diferentes: la muerte por intercambio de disparos se ha incrementado en un 64.74%, entre enero y julio de este año.
Indicó que en el 2007, en ese intervalo de tiempo, murieron 156 personas; ahora ese lapso reportó 257 decesos.
Guzmán Fermín se apresuró y justificó estos números, aunque de forma comedida.
“Son acciones fortuitas de la Policía y están amparadas en el Código Penal, en el artículo 328 de legítima defensa”, dijo el jefe de la Policía Nacional.
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