SANTO DOMINGO.- El presidente y vicepresidente ejecutivo del Banco Nacional de Crédito (Bancredito) pidieron a la Suprema Corte de Justicia declarar admisible el recurso de Casación contra la sentencia que los condena a 8 años de prisión, en cuyo caso la Procuraduría General de la República opina que no se opone a ese pedimento.
Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez presentaron el recurso de Casación a través de sus abogados Fernando Langa, Tulio Collado Aybar, José Bienvenido Pérez Gómez, Eduardo Jorge Prats y Santiago Rodríguez, donde Piden a la Suprema Corte declarar admisible el recurso de Casación presentado en contra de la sentencia dictada por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 11 de septiembre pasado, la cual los condena además al pago de una indemnización de RD$2.5 millones, por el fraude contra ahorrantes a través del Bancredito.
En la instancia de más de 300 páginas presentada ante la secretaria de la Suprema Corte de Justicia, Grimilda Acosta de Subero, los abogados de Pellerano y Mendoza piden declarar la extinción de la acción penal en contra de sus defendidos. Para justificar ese pedimento, sostienen que transcurrió el plazo correspondiente a la duración del proceso y el Ministerio Público no puede sustentar pretensión punitiva en contra de los imputados por carecer de calidad de interés en el presente proceso, ya que previamente accionó penalmente en su perjuicio, respecto a una instancia penal contentiva de la querella directa interpuesta por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
En torno al caso la Procuraduría General de la República dice que no tiene ningún tipo de interés en dictaminar respecto al recurso de Casación interpuesto el pasado 26 de septiembre por Pellerano Peña y Mendoza. La decisión del ministerio público, que debió ser firmada por el propio procurador Radhamés Jiménez Peña, quien se encuentra fuera del país desde el pasado sábado, aparece firmada “De Orden” con una rúbrica de una persona, que según se informó corresponde al procurador adjunto Moisés Ferrer, quien se desempeña como Procurador general adjunto para el Sistema Eléctrico.
En caso de que el Procurador no se encuentre en el país, les corresponde subir de interino al magistrado Ángel Castillo, de quien se informó que se encuentra enfermo. diferentes medios que cubren la fuente periodistica de la Procuraduría tratarón de buscar una reacción de los fiscales especiales que participaron en el conocimiento del juicio de fondo, magistrado Francisco García y Dany German Villalona, pero ninguno quiso hablar del tema, al igual que el director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Octavio Lister Henríquez.
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