Con sus pronunciamientos, los involucrados en las discusiones cuestionan y defienden las pesquisas activadas para esclarecer la operación mafiosa que desembocó en la masacre en que perdieron la vida siete personas el pasado 4 de agosto.
La ejecución a balazos de seis extranjeros y un dominicano ocurrió en la comunidad de Paya. Desde entonces, las indagatorias para afinar cada detalle del crimen confluyen con el pugilato que a través de los medios de comunicación mantienen el Procurador General, las principales autoridades de Peravia y un general policial que niega ser protector de narcotraficantes.
A las acusaciones y contraacusaciones del procurador general Radhamés Jiménez; del senador Wilton Guerrero y del general de la Policía, Hilario González, se sumaron actores de la esfera pública que exigen que los resultados de las averiguaciones sean transparentes y pormenorizados.
Demasiado arriesgado para unos y muy valiente para otros, Guerrero se ve como el principal protagonista de una serie de episodios que muchos entienden podría poner en peligro hasta su propia integridad física. Su irrenunciable determinación es desenmascarar a quienes considera “padrinos del narcotráfico” en Peravia.
Mientras las autoridades anunciaban los resultados del primer capítulo de las investigaciones, Guerrero tenía su propio plan de ataque, recopilaba documentos y datos para demostrar que los extranjeros aniquilados en Paya eran protegidos por el general Hilario González, a la sazón jefe policial en Peravia, el destituido fiscal Víctor Cordero, y el gobernador de esa provincia, Bienvenido Montero. Los llamó “triunvirato del crimen”.
Las respuestas no tardaron en llegar. El primero en reaccionar fue Cordero, quien sometió al legislador por ante la Suprema Corte de Justicia, por difamación e injuria, y lo conminó a demostrar sus vínculos con el narcotráfico en Baní.
El segundo en protestar fue el general González. A este oficial, Guerrero le atribuye ser compadre del procurador Jiménez y, por ende, gozar del respaldo del jefe del Ministerio Público. González también sometió al legislador por difamación. Además, lo acusa de poseer una riqueza no demostrada.
Talvez por la tímida intervención del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las pugnas de sus miembros y funcionarios, por el momento, el gobernador Montero decidió no someter a Guerrero a la Justicia. Pero lo retó a que demuestre su complicidad con el narcotráfico.
El último en incorporarse a la guerra verbal desatada por la masacre de Paya, fue el procurador Jiménez, quien forma parte de la comisión designada por el presidente Leonel Fernández para investigar todo lo relativo a la matanza de Paya. A Jiménez, Guerrero lo culpa de encubrir las alegadas acciones criminales de González durante el tiempo que se desempeñó como comandante policial en Baní.
El descontento de Guerrero se acentuó después de que la comitiva designada por Fernández excluyera de toda falta al general González.
Jiménez tronó con fuerza contra Guerrero. Su reacción despertó críticas de diferentes sectores, que esperaban un comportamiento más racional, basado en su rol de procurador general y su compromiso frente a este caso.
Preguntas insatisfechas
En lo que se refiere al caso de Paya, la sociedad dominicana sólo ha sido enterada que se trató de un “tumbe” tramado por 13 personas, según el último informe divulgado por la Policía.
Sin embargo, a las autoridades les queda por indagar (y dar a conocer) quiénes son los autores intelectuales de las muertes de estas personas, y determinar hasta qué punto tiene razón el senador Guerrero con sus denuncias.
Falta también por conocer quién o quiénes se quedaron con el dinero y la droga que supuestamente originaron la liquidación de los siete y las heridas de bala a una octava persona, actualmente en prisión.
De las averiguaciones pendientes de conclusión, ya son tres los informes rendidos por el jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y ninguno refiere el destino de la droga y el dinero que provocaron esta situación.
Críticas y dudas
Es tal el misterio que ha rodeado la muerte de los 7 presuntos narcotraficantes, que influyentes personas elevaron su voz de alerta para que en las investigaciones no queden cabos sueltos ni “vacas sagradas”.
Monseñor Agripino Núñez Collado advirtió hace varios días que “la sociedad espera que se hagan investigaciones que no dejen lugar a dudas; no importa quién esté involucrado en ese asunto”.
Marino Vinicio Castillo (Vincho), asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, dijo que el informe que presentó la Policía (el último conocido el pasado día 17), “para mí es parcial y no dice nada”. Víctor Bisonó (Ito), diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, sostuvo ayer: “Lo que hay es una desconfianza del sistema que tiene que perseguir y actuar sobre esta situación”.
Por Oscar Quezada, el Caribe.
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