Como una “burla y una desconsideración” a la magistratura de la Justicia y la población dominicana fue definido el indulto presidencial a favor de la ex gerente del Banco Intercontinental (Baninter) Vivian Lubrano de Castillo, por un jurista, dos profesionales de la conducta y un dirigente de la sociedad civil.
Consideran que la decisión presidencial se convirtió en un milagro o una suerte porque la prevenida fue liberada sin pasar una hora en un centro de reclusión.
Opinaron así el abogado de la Autoridad Monetaria y Financiera, Artagnan Pérez Méndez; el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños; el ex presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Luis Rafael Serret, y la psicóloga y catedrática universitaria Clara Benedicto.
Pérez Méndez calificó el indulto a Lubrano de Castillo como “una burla que ha indignado a la población” porque liberó a una persona que solo estuvo días en prisión implicada en el fraude más grande que se haya registrado en el país, y “ella, específicamente, debía de responder por RD$27 millones de pesos de los fondos del banco que nunca retornaron”.
Dijo que vista esta experiencia “tan extraña ejecutada por el Presidente” es conveniente que en la próxima reforma constitucional, el Ejecutivo debe ser despojado de las prerrogativas de indultar personas y otorgarle esa atribuciones a la Suprema Corte de Justicia.
Recordó que Lubrano fue condenada a cinco años de prisión, pero evadió la cárcel “valiéndose de argumentos falsos de que estaba padeciendo de enfermedades y creo que el equipo de psiquiatra que la atendió debe ser investigado con todas las consecuencias legales por haber emitido diagnósticos cuestionables de que padecía de pánico”, según el jurista Pérez Méndez.
Castaños Guzmán sostuvo que el perdón presidencial a Lubrano de Castillo y otras personas implicadas en actos de corrupción “comprueba la creencia popular de que el imperio de la ley es un mito en el país”, donde las distinciones que poseen las personas por razones políticas o económicas están por encima de la Constitución y el marco jurídico nacional.
Respecto a la permanencia de Lubrano durante unos dos meses en la Clínica Abel González y horas después de haberse emitido el indulto despachada para su casa, el ex presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría dijo que “la decisión es extraña, llama a suspicacia y evidencia que su salud no estaba tal mal como se decía”.
El doctor Luis Serret sostuvo, asimismo, que “eso evidencia que la paciente y los médicos que la atendían actuaron de forma precipitadas, a pesar de que el doctor Héctor Guerrero Heredia es un profesional de mi confianza”.
Clara Benedicto, psicóloga con 34 años de experiencia y catedrática universitaria, dijo que desea estudiar el diagnóstico médico de Lubrano, porque muchas veces un paciente con problemas depresivos, ansiedad es más conveniente tratarlo de manera ambulatoria en su residencia, debido a que los centros médicos no son los lugares más adecuados.
Por qué la condenaron
El ex presidente y ex ejecutivos del Baninter fueron acusados de un fraude superior de 55 mil millones de pesos en perjuicio del Estado por haber incurrido en violaciones a la ley de lavado de activos, el Código Monetario y Financiero y los artículos 147, 405 y 408 del Código Penal Dominicano.
Según la Corte Penal, la señora Lubrano de Castillo, a través de la cuenta número 0-656021-00-4 recibió RD$27 millones que fueron cancelados mediante nota manuscrita y el dinero se utilizó para la construcción de una casa de campo en La Romana.
También, según la sentencia de la Corte Penal, sustrajo del Baninter RD$3 millones que nunca regresaron. Afirma que Lubrano intervino para sustraer certificados de depósito de las arcas del Baninter.
Momentos cumbres en el juicio a vivian lubrano de castillo en el caso baninter
La ex ejecutiva del Baninter, a pesar de que fue condenada a cinco años de cárcel en el transcurso de los cinco años y 25 días que estuvo el expediente vigente en los tribunales, sólo estuvo 70 días en prisión.
El 13 de mayo de 2003, el gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, presentó la querella contra Ramón Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco.
Al día siguiente fueron enviados a prisión. Nueve meses después, el 23 de marzo 2004 el juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, mandó al tribunal criminal a los acusados.
14 de mayo de 2003. Lubrano fue en enviada a prisión por la Fiscalía decisión confirmada por el Juez de Instrucción de Séptimo Juzgado junto a Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco.
16 mayo de 2003. Lubrano tuvo que ser trasladada de urgencia desde la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a un centro médico con problema de presión y crisis hipertensiva, donde permaneció por 42 días.27 de junio 2003. Fue retornada al penal después de haber recobrado su salud.
5 de septiembre del 2003. La prevenida fue trasladada desde la cárcel de la Fiscalía a la de Najayo, pero sufrió un desmayo, al llegar al penal recibiendo golpes en la cabeza y fue trasladada a la Plaza de la Salud.
17 de septiembre del 2003 . El procurador general, Víctor Céspedes, excarceló a Lubrano y la envió a su residencia para que recuperara su estado de salud.20 de octubre de 2007 . El Primer Tribunal Colegiado del Distrito descargó la imputada de los cargos de haber incurridos en irregularidades en la quiebra del Baninter.
16 de marzo 2008. La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito, presidida por Ignacio Camacho, revocó la decisión del tribunal de primer grado y condenó a Lubrano del Castillo a cinco años de prisión.
8 de julio de 2008. La Cámara Penal de la SCJ confirmó la decisión de la Corte Penal, convirtiendo la decisión en definitiva.9 de julio del 2008. La condenada fue recluida en la clínica Abel González “con un ataque de pánico”.21 de julio de 2008. Fue enviada a prisión y una vez fue recibida en la cárcel de Najayo, tuvo que ser devuelta a la clínica.
22 de octubre de 2008. El juez rechazó otorgarle prisión domiciliaria y dio dos meses para su retorno al penal. 22 de diciembre 2008 . El presidente Fernández, mediante el decreto 847-08, ordenó su indulto.
Por Tomás Vidal
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