SANTO DOMINGO.- El informe anual sobre la situación del país a propósito de conmemorarse hoy 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muestra un crudo escenario de la sociedad dominicana en materia de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, describió para El Caribe un tétrico panorama sobre la situación actual de los derechos humanos, fuera de lo que llama un “show mediático” de las autoridades para enmascarar la realidad.
Comenzó su relato refiriéndose a uno de los temas más controversiales de los últimos tiempos en materia de derechos humanos: la muerte extrajudicial cometida por agentes policiales en servicio.
Asegura que solo en esta gestión policial, encabezada por Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cerca de 400 ciudadanos han sido abatidos por agentes policiales, obviando así el debido procedimiento policíaco-judicial para el apresamiento de una persona.
“Conforme a las investigaciones que poseemos, estamos hablando de que del 70 al 75% son ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos, que aun pidiendo clemencia; diciendo ‘no me maten’; aun cuando han acudido a denunciar que son perseguidos por miembros de la Policía, han sido ejecutados”, denunció Manuel Mercedes.
Asegura que la gestión de Guzmán Fermín ha superado las cifras de muertes “por intercambio de disparos” de las jefaturas tuteladas por Manuel de Jesús Pérez Sánchez y Bernardo Santana Páez.
“Aquí se irrespeta el derecho a la vida, totalmente. Aun cuando las ejecuciones extrajudiciales no están plasmadas ni en la Constitución, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni mucho menos en los convenios internacionales en los cuales el país es signatario”, sostuvo.
Por estas razones, al cumplirse hoy un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reconocido activista de los derechos fundamentales de las personas entiende que República Dominicana ha retrocedido bastante en este aspecto, y que son muchas las barbaridades que se esconden usando como canal a los medios de comunicación social.
Para sustentar sus graves denuncias, Manuel Mercedes ofreció el dato de que bajo el esquema de las actuales autoridades policiales ha vuelto la terrorífica práctica de torturar apresados colocándole una funda plástica en su cabeza, para obligarlo a confesar su responsabilidad en algún hecho delictivo o de naturaleza criminal.
Igualmente, según dice, se persigue a los familiares de aquellos que, de una manera u otra, son requeridos por la Policía.
“En años atrás, este elemento no se había eliminado totalmente, pero había disminuido. En este año, han vuelto las torturas: golpes, maltratos y vejaciones.
Llegan a casi 30 las personas que han sido golpeadas, con la intención de sacarles información en el proceso de la investigación”, señaló Mercedes.
El documento resumido por este defensor de los derechos humanos, en un trabajo titulado “Informe Anual de los Derechos Humanos en República Dominicana”, resalta que del mismo modo han vuelto a resurgir viejas prácticas vejatorias como, prohibirle al apresado el derecho constitucional de realizar una llamada a sus familiares, dejar de leerle sus derechos, explicarle las causas de su detención o mostrarle la orden del funcionario judicial competente.
Manuel Mercedes asegura que en una visita reciente a la ciudad de Moca, provincia Espaillat, pudo constatar que en la cárcel pública de esta región norteña existen celdas habilitadas para torturar presos que no se ajustan a las normas internamente establecidas.
Dijo que munícipes con parientes recluidos en este penal se acercaron para decirle que allí se cometen torturas de todo tipo contra encarcelados. Igual situación, dice, se está dando en la cárcel de Rafey, en Santiago.
“No solamente estamos hablando de destacamentos, sino de que en las cárceles se tortura y se maltrata a los reclusos”, puntualiza. Denuncia que en estas cárceles se distraen los alimentos enviados a los presos.
Otro atentado a los derechos humanos identificado por Mercedes, es atribuirle a la sociedad los altos índices de violencia, como asevera en un spot televisivo la Secretaría de Interior y Policía.
“Es todo lo contrario. Conforme a nuestras normas y lo que son los derechos humanos, la violencia viene del Estado, como resultado de las insatisfacciones a lo que son los derechos económicos, culturales y sociales, como es el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, al trabajo y al medio ambiente”, reflexionó Manuel Mercedes.
Por Oscar Quezada. El Caribe
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