Redimir de culpas a un encarcelado ha sido, desde sus orígenes, una decisión difícil y expuesta al rigor de cuestionamientos y controversias. Las opiniones giran en un círculo de contrariedades que muchas veces degeneran en denuncias y acusaciones.
Esta medida, igualmente, ha servido de caldo de cultivo para colocar en tela de juicio la idoneidad del Ejecutivo y para crucificar la integridad de la Comisión Nacional de Indultos, responsables ambos de establecer calificaciones para decidir qué preso aplica para ser indultado.
La historia de esta disposición es vasta y el listado de conflictos mucho más.
Desde que se instauró el indulto con fines bienhechores, presidentes y comisionados han soltado a condenados por corrupción, narcotráfico, violaciones o asesinatos.
Algunos presos favorecidos con la “misericordia” del Ejecutivo volvieron a delinquir, con lo que enlutaron, empobrecieron y propagaron el dolor entre decenas de familias dominicanas.
Después, resurgía la recurrente excusa: los reclusos se valieron de artimañas para engañar al Presidente y burlar a los comisionados.
Los que apuestan a un Poder Judicial fuerte e independiente observan de lejos la libertad de reclusos que bien saben no se han regenerado y que les resta mucho para reinsertarlo a la sociedad.
Quizás pocos recuerdan el triste episodio en que parientes del joven Julio César Sánchez, asesinado en noviembre del 2001, pidieron casi de rodillas la revocación del indulto que favoreció al autor de su muerte, Víctor Sánchez Caminero.
Un mes antes de ser liberado por “conmiseración”, la Corte de Apelación del Distrito Nacional había ratificado la condena a nueve años de prisión a Sánchez Caminero, porque encontró nuevos indicios que comprometía su participación directa en el homicidio de Julio César. Pero la fuerza arrolladora del Ejecutivo se impuso por encima de la Justicia y la impotencia de una familia destrozada.Discusión. La libertad que el presidente Leonel Fernández dio a Vivian Lubrano, Pedro Franco Badía, Antonio Marte, Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa -una condenada por corrupción bancaria y el resto por desfalco al Estado- revivió la vieja propuesta de crear una ley especial de indultos, ahora alzada por Fray Aristides Jiménez, presidente de la Pastoral Penitenciaria y renunciante de la Comisión Nacional de Indultos.
La sugerencia defendida por el religioso recibió apoyo y rechazo de distintas direcciones.
El coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana, Francisco Checo, entiende que el poder exclusivo otorgado al Presidente de la República para decidir qué preso aplica para ser librado de culpa atenta contra las simientes de la institucionalidad democrática.
“Creemos que hay que reflexionar, para ver si eso no se deja en manos del Presidente.
En tal sentido, valoramos como positiva esa iniciativa”, expuso Checo.
El periodista y ex miembro de la Comisión de Indultos, Huchi Lora, esgrime este planteamiento: “A mí me parece que el concepto de indulto es contradictorio en una sociedad democrática”.
Lora sustenta su reflexión señalando que no ve correcto que después de todo un proceso judicial, donde se escuchen pruebas y analicen testimonios, “un Presidente esté por encima de todo eso, y después que se emita una sentencia pueda echarla atrás”.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, considera que “el establecimiento de una ley para regularizar los indultos chocaría con la Constitución. Somos de opinión que en el marco de la nueva reforma (constitucional) se podría reducir esta facultad al Presidente”, puntualiza.
La periodista Nuria Piera, quien también dejó la Comisión de Indultos, está consiente de que perdonar a un presidiario es facultad exclusiva del primer mandatario.
Pero dijo “que lo oportuno sería que el Presidente tuviera ciertos criterios morales y de prudencia para dar estos indultos”.
El ejemplo de una ley creada por juan bosch
El abogado Pedro Duarte Canaán, director de la Escuela de Derecho de la Universidad del Caribe, comparte en todas sus partes la idea de crear una ley que rija el procedimiento y los términos para indultar a un presidiario.
Duarte Canaán fue más lejos: “Yo estimo que se le debe suprimir al poder Ejecutivo la facultad del perdón sobre la base del indulto”, sentenció. Sostiene que en países como República Dominicana, “donde los presidentes tienen poderes omnímodos” suelen suceder situaciones como la gracia concedida a Lubrano, Badía, Marte, Guzmán y de la Rosa.
“La ocasión es propicia para que se elimine del artículo 55 de la Ley Constitucional esta facultad exclusiva del presidente de la República”, insistió Duarte Canaán. Precedente. En el 1963, el presidente Juan Bosch, entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), promulgó la ley que creó la Comisión Nacional de Indultos y declinó en este organismo la prerrogativa de perdonar a reclusos.
Con el anteproyecto de ley sometido al escrutinio del Congreso Nacional, Bosch envió el siguiente mensaje: “Las constituciones anteriores conferían al Presidente de la República la atribución de indultar, pero nuestros constituyentes de 1963, tomando en cuenta que el principio de la independencia de los poderes del Estado debe mantenerse como valor constante de nuestra organización política, retiraron esas atribuciones al Poder Ejecutivo, por lo cual es indispensable crear la Comisión de Indultos que tengo a bien solicitar de ustedes, mediante el referido proyecto de ley”.
Opiniones sobre propuesta de ley de indultos
Francisco ChecoParticipación Ciudadana
“Esta decisión del Presidente ha sido una estocada a los avances obtenidos en materia de institucionalidad. Nosotros valoramos como positiva esa iniciativa” (crear una ley de indultos).
Huchi LoraPeriodista
“El indulto viene desde la época feudal, donde el rey está por encima de todo. A mí me parece que el concepto del indulto es contradictorio con una sociedad democrática”.
Manuel María MercedesDerechos Humanos
“Somos partidarios de que en el marco de la nueva reforma constitucional se reduzca o quite esta facultad al Presidente. Esto se puede haciéndole modificaciones al artículo 55 de la Constitución”.
Nuria PieraComunicadora social
“En mi juicio particular, creo que los indultos deberían retirarse, porque en el Código Procesal está el juez (ejecutor) de la pena, que establece cuál preso puede optar por libertad condicional”.
Pedro Duarte CanaánAbogado
“Estimo que sería pertinente la judicialización del indulto. Es decir, que fuese una instancia judicial la que lo estableciera. La facultad que tiene el Presidente se presta para irritantes privilegios”.
Indultos que generaron controversias
Rosario DíazLa “Reina el éxtasis” tuvo mucha suerte
En diciembre del 2001 se produjo uno de los indultos más rechazados en la historia de esta gracia presidencial: el concedido a Noemí Rosario Díaz (la Reina del Éxtasis).
Estaba condenada a siete años y había cumplido 1 y 4 meses.
Logró su libertad usando un examen médico de la reclusa Aura Marina Acevedo.
Stalin LebrónSolo duró 11 meses en prisión por crimen
En el 2003, el presidente Hipólito Mejía perdonó al dirigente del PRSC, Stalin Lebrón, condenado a diez años por la muerte del compañero de partido Vinicio Zaldívar, durante una discusión en un centro de votación.
Cuando fue absuelto, Lebrón tenía preso once meses. Este indulto fue favorecido por Derechos Humanos y las iglesias.
Miriam Britodebatido y con huellas latentes
El indulto de Miriam Brito, en diciembre del 2007, se inscribe entre los más debatidos.
Fue condenada a 20 años por la muerte de su esposo, el empresario arenero José Castro, el 25 de noviembre del 2003. Deidania González, empleada doméstica y señalada autora material del homicidio, sigue presa.
Martín Salas y Raúl Martínez Dos casos de reincidentes
Pocos meses después de su indulto, en el 2000, Martín Salas Sierra violó a cinco adolescentes en el municipio Boca Chica. A cinco días de su indulto, en el 2003, Raúl Martínez Medrano, apresado por el secuestro y asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, participó en el secuestro del empresario Jesús Javier Aracena, en Nagua.
Por OSCAR QUEZADA. EL CARIBE.
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