SANTO DOMINGO. El Gobierno y los sectores que participan en la "Cumbre de la unidad nacional" acordaron ayer eliminar las "duplicidades del Programa Barrio Seguro", para reforzar la lucha contra la violencia y la delincuencia.
La segunda ronda del diálogo terminó ayer sin necesidad de volver hoy a los tres hoteles que sirven de sedes, pero todavía falta una tercera vuelta, por celebrarse el próximo viernes. Para el corto y mediano plazo, la mesa de Seguridad Ciudadana, coordinada por el secretario de Estado Franklin Almeyda, aprobó esa medida y la de integrar a todas las fiscalías barriales a psicólogos y técnicos del Consejo Nacional de Drogas. En complemento, añadió "exigir mayor rigurosidad en la evaluación psicométrica que se aplica a los solicitantes de porte y tenencia de armas".
Otro acuerdo consistió en convertir en ley la resolución de regularización al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que aplica la Secretaría de Interior y Policía, que encabeza Almeyda.También alcanzaron consenso continuar con urgencia la reforma a la Policía Nacional, además de auditarla y reestructurarla para incrementar la presencia de sus agentes en todo el país. Para el mediano plazo, quedaron las ideas de fortalecer la aplicación del reglamento interno de la institución policial para regular el uso de la fuerza en el combate a la criminalidad y mejorar salarios de los agentes.
La mesa de Migración y Frontera acordó fundar la Secretaría de Frontera y reactivar el Consejo Nacional de Migración, para aplicar el reglamento que complementa la ley del ramo. Además, reforzar la inversión en la zona limítrofe e instituir los mercados binacionales, informó el coordinador, Justo Pedro Castellanos.
El sector de desarrollo territorial obtuvo amplio consenso en confeccionar desde junio el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, según el subsecretario de Estado de Planificación, Guarocuya Félix.
En el eje Consolidación Institucional, proponen devolver a la Oficina Supervisora de Obras del Estado su calidad de fiscalizadora de todas las construcciones, eliminar el "barrilito" o fondo para ayudas sociales de los legisladores y depurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la mesa de Economía y Competitividad se discutieron propuestas que, de ser aprobadas por el presidente Leonel Fernández, permitirán conseguir financiamientos blandos para desarrollar el agro y las pequeñas y medianas empresas.
Entre las iniciativas que lograron unificación de criterios figuran las del sector privado, como disminuir la tasa de interés, mejorar el sistema financiero para la mediana empresa, mejorar el clima de negocios, aumentar las promociones para las importaciones y mejorar las condiciones del sector turístico, para que el país pueda recibir más divisas.
Dice hay que crear pacto para preservar empleos
El dirigente peledeísta Danilo Medina advirtió ayer que el consenso en las propuestas lo producirá la capacidad presupuestaria del Gobierno. "Se produjo una enorme cantidad de procesos pero eso está en función de la capacidad que tenga el Gobierno para cumplir con ellas", dijo Medina, miembro de la comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cumbre. Explicó que el intermedio de esta semana, servirá para que los técnicos del Gobierno analicen cuáles tienen soporte presupuestario y cuales no. "Lo que se trata en esta crisis que vive el mundo, es de preservar los empleos, porque si se pierden los empleos como consecuencia de una caída en la demanda, se caerá la producción y tendremos menos empleos", dijo.
En la mesa de política social y empleo uno de los acuerdos residió en crear un "gran" Fondo Nacional de Empleos, para que el Estado no tenga que atender requerimientos individuales de un solo sector productivo, sino que sea una sola instancia la que se encargue de facilitar a las empresas o a los trabajadores los recursos para que se puedan mantener o crear nuevos empleos.
Reservas y disensos.
El Gobierno necesita otra semana para responder a las propuestas de cumplir con el 10% del presupuesto para los ayuntamientos, convertir a la Liga Municipal Dominicana en un Instituto de Desarrollo Municipal y realizar una transferencia a los ayuntamientos, para financiar el 15% de aumento salarial aprobado en 2008. "En todas las mesas hay demandas que tienen un impacto fiscal importante y el Gobierno no tiene tiempo en cuatro días de poder analizar todos los impactos de todas las demandas", explicó el sub-secretario de Planificación, Guarocuya Félix. En la mesa de Migración, el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, representado por el sacerdote Mario Serrano, refutó la propuesta del "jus solis" para definir la nacionalidad, favorecida por la mayoría. También criticó la iniciativa de reconocer dominicanos, sólo a los hijos de inmigrantes indocumentados, nacidos en el país antes de 1950.
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