SANTO DOMINGO.- La Conferencia del Episcopado Dominicano dejó sentir su “profunda” preocupación por la creciente crisis económica, el clima de inseguridad y de violencia, así como por el progresivo auge del narcotráfico y de la delincuencia común, y abogó porque de los planes concretos que se discuten en la cumbre, se produzcan compromisos serios que sean respetados por todos los sectores.
En un extenso
documento con motivo del 27 de Febrero, Día de la Independencia Nacional, con el titulo “Construyamos la Paz, Erradiquemos la violencia y la inseguridad”, los obispos católicos consideran que debido al auge de la violencia y la criminalidad que afecta al país, se requieren estudios y análisis “bien ponderados”, así como medidas en las que contribuyan todos los sectores de la sociedad.
Deploran que aún no se ha logrado erradicar el “cáncer” de la corrupción administrativa pública y privada, el tráfico de influencia, la falta de institucionalidad o la degradación institucional, “tampoco se conoce planes para hacer frente a esos grandes males”.
“No podemos bajo ningún concepto dejarles los escenarios a unos pocos. Ocupemos los barrios, las calles y las plazas colectivamente, y mostrémosles que la indisciplina y el desorden no son la regla para la convivencia humana. Les decimos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad como les decía Juan Pablo II a los jóvenes: "¡Coraggio!". "¡Ánimo y valentía!". Combatamos unidos el desorden y la delincuencia con inteligencia y talento. Imitemos al fundador de la Patria y digamos con él: "Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria", indica el comunicado.
También cuestionaron el mecanismo de otorgamiento de indultos, por lo que solicitan a al Congreso a través de la Comisión de Justicia del Senado crear una ley que establezca las normativas y condiciones bajo las cuales deben realizarse los mismos.
Además, los religiosos estiman conveniente la revisión del Código Procesal Penal, porque a su juicio, el ministerio público no cuenta todavía con las herramientas y tecnologías suficientes para llevar a cabo los adecuados procesos con las requeridas pruebas que hagan posible sancionar debidamente a los culpables.
Dicen que para contrarrestar el clima de violencia e inseguridad, que intenta apoderarse del país, hay que atacar sus causas; por lo que exhortaron actuar con una verdadera voluntad política para el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, para el fortalecimiento de los métodos de prevención y persecución del delito por parte de los organismos de la seguridad del Estado.
Al señalar que la violencia y la inseguridad ciudadana están relacionadas con la economía, el Episcopado recomienda a no mantener una postura indiferente ante el bajo salario que perciben muchos trabajadores en las diferentes áreas productivas y de servicio, tanto estatal como del sector privado. “La falta de empleo y la explotación obrera es otro elemento nocivo que engendra inseguridad y violencia en el seno de las familias”.
En ese sentido, exhortaron a los empresarios, comerciantes y a los agentes productivos a analizar su nivel de conciencia social, y el espíritu “muchas veces desmedido por adquirir grandes riquezas en poco tiempo y con detrimento de los trabajadores”.
Precisaron también que, por lo general, la especulación comercial es otro de los elementos que encarecen los productos de mayor necesidad para la población.
Además, instaron al gobierno a revisar las medidas impositivas con impuestos directos al consumo que elevan los productos de primera necesidad, como lo son la alimentación, la medicina y la vivienda.
Violencia, inseguridad y política estatal:
Sobre este aspecto, afirman que, aunque es mucho lo que se ha insistido sobre los grandes problemas que aquejan al país en este campo, y en el que se han ido obteniendo logros significativos en el ordenamiento jurídico, la creación de nuevas Secretarías de Estado, la Seguridad Social y mejoramiento en el sistema carcelario, aún quedan grandes escollos por superar.
A esto se agrega, señalan, el auge de las ejecuciones extrajudiciales a través de los llamados intercambios de disparos, la intolerancia policial en unos casos, los asesinatos de agentes policiales o de seguridad, en otros; las condenas de inocentes, la impunidad de culpables, cuando se trata de sujetos adinerados o con influencia en los estratos de poder; la proliferación de los permisos de armas de fuego y la falta de una política de desarme de la población, especialmente de quienes la portan y usan de manera ilegal.
Los religiosos deploran que toda esa situación trae como una de sus consecuencias el que “vayamos” teniendo una sociedad incrédula del orden institucional, con grandes desconfianzas para el común de los ciudadanos, ante todo, sobre el sistema judicial, propiciando así que la gente busque hacer justicia con sus propias manos.
“Se frena mucho el progreso, cuando el Estado, a causa de la falta de paz y seguridad tenga que destinar cuantiosos recursos a contrarrestar el crimen en perjuicio de la inversión en obras de desarrollo y bienestar social; lo mismo podríamos decir con respecto a los sectores productivos, invirtiendo en seguridad recursos, que pudieran ser destinados al crecimiento empresarial, a la creación de nuevas fuentes de empleo y al desarrollo colectivo”, deploran.
Violencia, inseguridad y economía:
Consideran que si la economía no está concebida como un medio para el crecimiento y el desarrollo integral de la persona humana, se convierte en una “terrible” fuente de injusticia social, “maquinaria engendradora de violencia y destructora de personas”.
Los religiosos afirman que a todo eso se suma, además, la carestía de los servicios de salud y medicamentos, el alto costo de los servicios básicos, como la electricidad, el agua, el teléfono, el transporte, entre otros.
“Otros elementos que provocan inestabilidad e irritación a los sectores productivos de la nación son, la inmigración ilegal, fundada en la mano de obra barata, que desplaza la mano de obra nativa creando un alto nivel de desempleo en los cabezas de familias; y el encarecimiento de los insumos agrícolas y la falta de facilidades e incentivos para ese sector, así como la falta de reglas equitativas en las relaciones comerciales, en las que se les dé la justa valoración al trabajo del hombre del campo y a sus cosechas.
Precisan que una economía manejada de forma irracional, con un Estado débil a la hora de priorizar sus políticas económicas de cara a los más empobrecidos tiene como consecuencia el aumento del hambre, la desnutrición, las enfermedades.
“Motivamos a los hombres y mujeres con poder económico a contribuir con una cuota social e invertir en los sectores marginados, con lo cual no sólo se contribuye al desarrollo social y bienestar de los mismos, sino que se contrarresta la ociosidad, que es fuente generadora de males con repercusiones negativas para los sectores más estables, así como para la inversión extranjera.
Asimismo, estimaron necesario que los servidores públicos se sitúen del lado del pueblo a la hora de establecer cualquier contrato en las obras públicas o de servicios, a fin de que en los mismos no resulten perjudicados los ciudadanos, como el caso de servicios tan fundamentales como la electricidad y el transporte.
Violencia, inseguridad y sociedad:
Aunque en el ámbito social destacaron el crecimiento tecnológico, con una mayor cobertura en la información y con mejores oportunidades de acceso a la educación, los obispos deploraron que, paradójicamente, cada vez más, “estamos asistiendo a espectáculos nunca vistos en una sociedad que se pueda llamar a sí misma civilizada”.
Califican de alarmante y preocupante el crecimiento de la criminalidad, los atracos, secuestros, violaciones de mujeres, niños y niñas, peleas de pandillas, arrebatos de pertenencias a ciudadanos: vehículos, motores, carteras, cadenas y celulares; así como el crecimiento de robos domiciliarios; el crimen organizado; la prostitución de menores; el flujo de armas ilegales, entre otros componentes de la violencia y la inseguridad ciudadana, “pareciera como si estuviéramos retornando a una época donde impera la ley de la selva”.
Tras referirse a los hechos de sangre escenificados entre dominicanos y haitianos, recientemente, los religiosos dicen que la consecuencia de la violencia y la inseguridad social es “gravísima” para la estabilidad de la economía nacional y para la paz pública y familiar.
Sobre este aspecto, llamaron la atención a todos los ciudadanos a unir esfuerzos a fin de que cada uno, desde su propia situación, aporte su cuota propia para la conquista de la armonía, la paz y la sana convivencia entre todos los dominicanos.
Manifiestan que a los organismos encargados del orden público y al poder judicial les corresponde actuar con mano firme contra el narcotráfico y la perversión de menores; mientras que al gobierno central, indican le corresponde revisar la política que está detrás de la proliferación de los juegos de azar y las bancas, que van en desmedro de los escasos ingresos de la población menos formada y más empobrecida.
Asimismo, reiteran le necesidad de mayor inversión en la educación. “En esto tienen que jugar un rol de vital importancia, junto al Estado, los sectores de mayores ingresos, empresarios, comerciantes e inversionistas en general, así como también la Iglesia y otras instituciones religiosas y sin fines de lucro”.
Sobre depuración PN y FFAA:
Por otra parte, sobre la participación de los agentes del orden público y de miembros de cuerpos de seguridad de la Nación en la delincuencia común, exhortaron a sus altos mandos a continuar con los procesos de depuración de los mismos.
Sin embargo, sugieren que la situación salarial de policías y militares debe ser revisada y tomada bien en serio por el gobierno, “un agente policial o militar mal pagado con familia y sin techo propio, está más proclive a dejarse instrumentalizar por narcotraficantes, secuestradores y atracadores”.
Asimismo, recordaron que hace falta una profunda revisión a la “desproporcionada” escala salarial, especialmente en el sector público, en el cual unos servidores ganan muchísima veces más que otros. “Qué bien nos caen las palabras del Padre de la Patria, cuando nos dice: "Sed justos lo primero, si queréis ser felices”.
Violencia, inseguridad y familia:
Al deplorar que tantos niños y jóvenes cuyos padres no los han declarado en el registro civil por diversas causas, el Episcopado invitó al gobierno y a la Junta Central Electoral (JCE) a seguir trabajando sin descanso hasta que no quede un solo dominicano que no haya sido reconocido como ciudadano.
Para los fines, urgen de la creación de metodologías eficaces que agilicen los procesos de declaración tardía para aquellos que sobre-pasan la etapa de la niñez. También hay que quitar las trabas burocráticas, las mediaciones legales que encarecen dicho proceso y reducir los costos de los procedimientos.
“Hacemos un llamado a tomar en serio el rol de la familia en la sociedad y a no escatimar esfuerzos en la lucha por el fortalecimiento de la misma. En esto debemos trabajar todos los sectores de la sociedad, brindando apoyo de toda índole y desde todos los frentes; las políticas estatales, la seguridad social y el bienestar económico, la psicología y la sociología, la escuela y centros de estudios, los medios de comunicación social, las agrupaciones sociales, juntas de vecinos, clubes, etc., la religión y el deporte”, enfatizan.
Violencia, inseguridad y ecología:
Respecto al campo de la ecología y el medio ambiente, resaltan que el país ha ido avanzando, pero entienden que se mantienen actitudes que hay que superar, “hay que seguir manteniendo la conciencia viva contra la deforestación indiscriminada en las cuencas de ríos, quebradas y montañas, y sobre todo hay que seguir incentivando la inversión para el desarrollo de fincas maderables”.
Precisan que el mal uso de los recursos naturales y el mal manejo del medio ambiente tienen consecuencias catastróficas, no sólo para la nación dominicana del presente y del futuro, sino que con ello se contribuye a la destrucción universal del planeta tierra.
Recomiendan a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) seguir invirtiendo en los programas de forestación y en la exigencia del cumplimiento o la creación de leyes que sancionen a los que dañan y contaminan el ambiente tirando basuras en lugares públicos y a los ruidosos.
“Podemos afirmar que el futuro de la Republica Dominicana y la construcción de una paz duradera no es un problema o un desafío técnico cuanto una decisión ética en el sendero de una mayor humanización".
Debemos ver la situación como una oportunidad para crecer. Hay que darles a entender a los maleantes que no tienen el dominio de la población. Que nadie, por temor, se exima de cumplir con sus actividades ordinarias.
